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La impugnabilidad del procedimiento especial sancionador.

El procedimiento especial sancionador se ha convertido en una de las principales actividades del Instituto Federal Electoral (IFE), de modo que en el orden del día de las sesiones del Consejo General ya son elementos recurrentes. Fue creado como un mecanismo de tutela electoral con el objeto de lograr mantener la equidad en la contienda electoral y que ningún candidato o partido político, coalición o sujeto interesado vea vulneradas sus prerrogativas electorales. El procedimiento especial sancionador se ha convertido en el más utilizado del régimen sancionador. En 2009 –año en que se implementó por primera vez- se resolvieron 1076 quejas. De ahí que entremos constantemente a la discusión sobre la función de esos procedimientos, precisamente especificamos un doble aspecto, por un lado determinar y punir los actos ilícitos; por el otro inhibir futuras conductas violatorias de la Ley tanto del infractor como de los otros participantes. Para el proceso electoral de 2012 se presentaron 365 quejas yo denuncias a nivel central, mientras que a nivel distrital se presentaron 908 quejas. La carga de trabajo aumentó con la implementación de los procedimientos administrativos sancionadores implementados. De ahí que en 2005-2006, de octubre 2005 a agosto 2006, se realizaron 32 sesiones del Consejo General de las cuales 26 fueron de tipo Especial. En 2008-2009, de octubre de 2008 a agosto de 2009, se realizaron 90 sesiones del Consejo General de las cuales 76 correspondieron a tipo Especial -es pertinente señalar que se convoca en la mayoría de los casos para resolver los PES-. En 2011-2012, de octubre de 2011 a agosto de 2012, se realizaron 81 sesiones del Consejo General de las cuales 70 corresponden a tipo Especial. Por otro lado al tener una instancia revisora (TEPJF), el Instituto Federal Electoral se convierte en una autoridad sin poder coercitivo de sus resoluciones, en virtud de que sólo el 54% de las resoluciones que emiten son confirmadas por el Tribunal de la materia. Con este hecho sólo se confirma que en la práctica el IFE cuenta con un carácter de primera instancia. En el pasado proceso electoral se impugnaron el 57.5% de las resoluciones materia del PES. 271 recursos de apelación que se tramitaron, el TEPJF ha dictado 266 sentencias en los siguientes términos: 4.89% desechadas, 75% sobreseídos, 4.51% modificados, 29.85% revocados, 13.3% confirmados. Lo que representa solo un 56% de resoluciones favorables para el IFE. Una de las principales causas de las impugnaciones contra los PES son violaciones al procedimiento. De ahí que el TEPJF haya tenido que intervenir para establecer los criterios de interpretación de dichos documentos normativos. De modo tal que la Sala Superior ha emitido 25 jurisprudencias y 11 tesis relevantes para subsanar irregularidades en el procedimiento. Lo cierto es que desde la puesta en marcha del PES en el proceso 2009 han surgido voces académicas del IFE y del TEPJF, solicitando que este procedimiento administrativo sancionador sea trasladado al tribunal electoral, en virtud de que al ser el IFE el encargado de resolver se presenta una doble problemática, se establece que el PES requiere una transformación significativa. El hecho de que el legislador haya dado al Consejo General del IFE la atribución de resolver los PES fue un error por dos motivos al menos. 1.- porque el máximo órgano de dirección del Instituto no está diseñado para fungir como un órgano jurisdiccional especializado. 2.- porque el Consejo General ha tenido que sesionar en más ocasiones de lo previsto, sólo para atender asuntos relacionados con procedimientos especiales sancionadores. Se trata de una carga que genera consecuencias, por demás negativas, en el esquema de organización institucional.