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Transitando del federalismo al nacionalismo electoral.

Zacatecas, entidad pionera de la República Mexicana en la aprobación de las candidaturas independientes siendo su Capital reconocida internacionalmente desde el año de 1993 como “Patrimonio Cultural de la Humanidad” por su basta esencia colonial en sus construcciones minas y rincones, anfitriona del XXIV Congreso Nacional de Estudios Electorales reúne a investigadores de la materia, académicos, políticos y ciudadanos para analizar la viabilidad de la permanencia o no del federalismo electoral en los Estados Unidos Mexicanos. En este contexto mi opinión respecto a la continuidad del federalismo electoral parte de la experiencia que tuve como Consejera Electoral en el ámbito federal y local, específicamente en el Estado de México. Por ello haciendo un análisis del desarrollo de cada una de las etapas que conforman el proceso electoral, estimo que en el ámbito local la instalación e integración temporal de los Consejos y Juntas Distritales produce de forma emergente actos administrativos y legales que llegan a carecer de experiencia y profesionalismo en la materia. Lo anterior conduce a improvisar todo un andamiaje de recursos humanos, materiales y financieros que de la noche a la mañana permite dar “cumplimiento” con la organización de las elecciones locales sin ninguna continuidad. En ese sentido y atendiendo a lo que establece el “Pacto por México” específicamente en el compromiso No. 90 que contempla “crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única que se encargue tanto de las elecciones federales como de las estatales y municipales”, considero que de concretarse la implementación de ésta reforma se contribuirá en beneficio de la ciudadanía, partidos políticos y autoridades electorales en los siguientes aspectos: 1. Mayor seguridad y confianza en la aplicación de normas eficaces y eficientes que propicien la participación política; 2. Transparencia y rendición de cuentas de manera constante, del origen y destino de los recursos públicos de los partidos políticos; 3. Imparcialidad y equidad en las contiendas electorales; 4. Robustecimiento de los principios rectores Constitucionales; 5. Mayor participación ciudadana y política; 6. Reducción de costos en los procesos electorales que permita el uso y aprovechamiento de esos recursos para favorecer aspectos de trascendencia en el desarrollo del país; 7. Impartición de justicia imparcial, pronta y expedita en la protección de los derechos político-electorales. Sin lugar a dudas es urgente la reforma en materia electoral pues más allá de la divergencia de opiniones, todas muy respetables, la convergencia es pieza fundamental en la gobernabilidad y desarrollo del país.