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¿Es necesaria una ley de partidos en México?

Desde hace más de una década, tal vez inmediatamente después de la gran reforma electoral de finales del siglo pasado, el debate en torno de la reforma del Estado y en particular en relación con las propuestas de reformas electorales de segunda y tercera generación hizo hincapié en la necesidad de impulsar una ley de partidos políticos que modifique la regulación de éstos teniendo en cuenta, entre otros, aspectos tales como la democracia interna y la transparencia en el manejo de los fondos públicos. La mayor parte de los reclamos a favor de la promulgación de una ley de partidos tienen a sostener que los partidos están en crisis, que llevan a cabo de manera insuficiente la tarea de representar a los ciudadanos y que han perdido legitimidad. Afirman que una ley con esas características podría generar mayor confianza y credibilidad por parte de los ciudadanos; transformar a los partidos políticos en instituciones comprometidas con los valores y principios democráticos; establecer mejores condiciones para que cumplan con la función de promover la participación del pueblo en la vida democrática; obligarlos a promover realmente la cultura política democrática y participativa; contribuir de manera responsable a la integración de la representación nacional; hacer posible el acceso de los ciudadanos sin distinción o discriminación alguna al ejercicio del poder público y promover proyectos de sociedad o nación y gobernar en base a ellos (Moya Delgado: 2007,50-51). Los argumentos que desarrollaré en esta ponencia tienen por objeto debatir con este tipo de aseveraciones. Sostengo que la mayor parte de las regulaciones que suelen estar contenidas en una ley de partidos están ya incluidas en la legislación electoral mexicana, que, por lo tanto, más allá de una reorganización analítica de los contenidos de la legislación secundaria una ley de partidos no generaría mayores cambios en los comportamientos de éstos. Asimismo sostengo que aquellos aspectos contenidos en una ley de partidos y que no están suficientemente atendidos por la legislación electoral mexicana han sido revisados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de juicios de protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos (JDC) y que existe jurisprudencia suficiente al respecto. Por último, considero que una ley de partidos, en los términos en los que la mayor parte de los especialistas está proponiendo, constituye un tutelaje innecesario por parte del Estado y un menosprecio de la capacidad de la sociedad para sancionar los comportamientos disfuncionales de los partidos políticos.